Algo debe haber relacionado entre la política, los negocios y el urbanismo, porque en todos los ayuntamientos que puede quedar algún metro cuadrado para recalificar o reclasificar, bien sea urbano, rustico o industrial, hay conflicto de intereses entre los partidos de izquierda o derecha y los políticos de uno u otro bando que los representan, que además afectan a los servicios de los ciudadanos, que viven ajenos a los cambalaches de estos delincuentes de traje y corbata. Ahora, es el caso mediatico de la ciudad alicantina de Benidorm, pero antes han sido otras localidades y después serán otras muchas las que habrán, tal vez, no tan importantes y conocidas, pero si en el mismo sentido de especulación urbanística. Para llevar a cabo los planes urbanísticos se producen extraños pactos, abandonos, mociones de censura o apoyos económicos de campañas electorales para poner o quitar alcaldes, en función de los intereses y negocios económicos que puedan haber. Esta es la realidad de muchos de los mas de 8.000 municipios de nuestro país, que están en manos de auténticos profesionales de una corrupción de guante blanco, que desde alcaldías y despachos de concejales de urbanismo se enriquecen junto al resto de compañeros de gobierno, todo silencio tiene un precio. Y el pueblo mientras tanto, sigue dándoles su voto ingenuamente.
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